Tesis. Especialista en Gestión Financiera. Universidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administración. Especialización en Gestión Financiera. 2019

Resumen -- Planteamiento del problema, formulación del problema -- Antecedentes -- Justificación -- Objetivos, objetivo general, objetivos especificos -- Marco teórico, marco legal -- Análisis del sector trabajadores independientes, el sistema, caracterización trabajador independiente, compromiso de los trabajadores, la oferta salud pensión ARL -- Análisis de caso el contrato laboral y de prestación de servicios, estructura financiera, flujo de caja, estudio de caso -- Propuesta política pública en seguridad social para trabajadores independientes -- Conclusiones

"En Colombia al cierre de 2018, los trabajadores independientes (11.9 millones) representan el 53,66% de la población ocupada estimada en 22,3 millones, de los cuales el 79% son informales. El 93% de esta población está afiliada a salud y el 73% a pensión, que, a diferencia de los trabajadores con contrato laboral, deben asumir un 100% de los costos que implican el beneficio de la seguridad social.
A su vez, esta población de independientes (11,9 millones) por grupo etario entre 25 y 45 años de edad representan en 41,91% (5 millones); por nivel educativo sin educación superior o universitaria representan 81,47% (9,7 millones); y por ingreso entre menos de 1 y hasta 2 SMMLV representan entre el 91.75% (11.06 millones).
La Ley 1753 de 2015, en su artículo 135 modifica el ingreso base de cotización (IBC) de los independientes para efecto de pago de seguridad social (salud, pensión arl), ajustándolo en un 40% de todos sus ingresos. Esta situación ha generado altas tasas de evasión, en un mercado con que contrata por servicios actividades que son laborales, impactando al trabajador con una pérdida superior al 25% de sus ingresos, en detrimento de su bienestar y sus familias.
Por ejemplo, un trabajador con contrato de prestación de servicios (independiente), contratado por 2 millones por mes, pierde un 26% ($519.357), como consecuencia de asumir la totalidad del costo de seguridad social y a la vez no tener derecho a prestaciones sociales, frente a la opción de ser vinculado con contrato laboral. A su vez pierde derechos de indemnizaciones por despidos sin justa causa, bienestar familiar (subsidio familiar, de vivienda, kit escolar, y descuentos en recreación, educación, turismo, entre otros), además de la estabilidad laboral, tranquilidad y felicidad.
Se plantea una modificación a la política pública para este grupo de trabajadores, en especial los que ganan menos de 2 SMMLV, así: reducción al 20% del IBC, pago de un descanso anual remunerado, acceso a cajas de compensación. A su vez que la contratación en el sector público sea de un 70% laboral y se fijen tablas de honorarios para este tipo de contratación."