Tesis (Magíster en Derecho Público) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maestría en Derecho Público. 2018.

Protección legal ambiental en la actividad minera y deberes de administración que emanan de las normas que rigen dicha actividad, los principios ambientales, principios de prevención y precaución, principio de desarrollo sostenible, principio de quien contamina paga, la protección legal ambiental en la actividad minera, normas legales, requisitos mínimos de protección ambiental exigidos para la explotación minera, los deberes ambientales de administración que emanan de las normas que rigen la actividad minera, análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prevalencia de los principios ambientales -- Nexo de causalidad entre la conducta y el daño ambiental , el daño ambiental, características del daño ambiental, incertidumbre, relevancia, difuso y expansivo, formas del daño ambiental, el daño ambiental en la legislación colombiana, tipología del daño ambiental, el nexo de causalidad en la teoría de la responsabilidad ambiental, el fenómeno de la cocausación, prueba del nexo de casualidad, dificultades relativas a la prueba del nexo de causalidad entre la conducta y el daño ambiental -- Régimen de responsabilidad aplicable y título de imputación atribuible al estado por la concesión de licencias ambientales para la actividad minera legal cuando se causa daños al medio ambiente, evolución histórica de los regímenes de responsabilidad y títulos de imputación en Colombia, títulos de imputación, falla del servicio, responsabilidad objetiva, daño especial, responsabilidad por el acto administrativo legal, riesgo excepcional, principio de confianza legítima, análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado acerca de los regímenes de responsabilidad y títulos de imputación aplicables al Estado en materia ambiental, análisis de casos de responsabilidad del Estado en materia minera -- Conclusiones.

"El auge de la “locomotora minera” ha ocasionado serios daños sobre el medio ambiente, causando alteración de las fuentes de agua, la flora y la fauna y afectación de la dinámica de las aguas superficiales y subterráneas en las áreas de instalación de los desarrollos mineros, por mencionar algunos; lo cual permite discutir el papel que debe jugar el Estado en la regulación y en la protección del medio ambiente, dado no solo a su condición de gran prestador de servicios públicos, sino de garante de los recursos naturales, a través de actos administrativos que exijan requisitos especiales para ejercer el derecho a explorar y explotar minerales; tal es el caso de la licencia ambiental, principal herramienta precautoria y preventiva del daño ambiental. De este modo, cuando el Estado no cumple con sus funciones constitucionales ambientales al momento de expedir una licencia ambiental, sin que pueda predicarse aún un daño cierto, podría hablarse de responsabilidad por la generación de un daño especial o de un riesgo, por la trasgresión del deber de planeación y el principio de prevención.
Lo anterior, debido a que la existencia de licencias ambientales otorgadas con el cumplimiento de los requisitos, no exime de la responsabilidad. Entonces, aun cuando la normatividad concibe dichos requisitos destinados al cumplimiento del principio de precaución, debido al riesgo excepcional que conlleva la actividad minera no sólo al medio ambiente sino también a la salud humana, es susceptible de que dicha actividad genere un daño que deba ser reparado por el Estado".