Tesis Especialista en derecho administrativo Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Especialización en Derecho Administrativo. 2024

Introducción --Perspectiva histórica constitucional del ministerio público, constitunalización del ministerio público, perspectivo desde la constitución 1886, constitunalización del Ministerio Público, perspectiva contemporánea a raíz de la constitución política de 1991 -- Bloque de constitucionalidad como fundamento jurídico del control de convencionalidad, generalidades del bloque de constitucionalidad, compatibilidad de los tratados internacionales de derechos humanos con el ordenamiento jurídico interno, control de convencionalidad como fundamento de la conversión americana de derechos humanos (CADH) -- Conflicto normativo entre la CADH y la función disciplinaria de la procuradoría general de la nación, deconstrucción de la procuradoría general de la nación, antinomia entre el pacto de san josé (CADH) y la función disciplinaria de la procuradoría General de la Nación, resolución de la antinomia con implicaciones para la responsabilidad internacional del estado colombiano -- Conclusiones

"La estructura del ordenamiento jurídico colombiano no es infalible, por lo tanto, con ocasión a las disposiciones consagradas en la Constitución Política de 1991, que instituyen la creación de la figura jurídica denominada bloque de constitucionalidad, cobra relevancia jurídica los instrumentos internacionales, especialmente los referentes a derechos humanos, conminando al Estado colombiano al cumplimiento a cabalidad de las disposiciones contenidas en estos.


Interpretada ampliamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, conminando al Estado colombiano el obligatorio cumplimiento de las disposiciones contenidas desde la perspectiva del sentido lato del concepto mismo, lo cual, comprende incluso, tratados y convenios internacionales que abarquen la temática de derechos humanos, siempre y cuando sean suscritos y ratificados por el Estado. Así pues, mediante la suscripción del pacto de San José de Costa Rica, suscrito y ratificado en el ordenamiento jurídico interno mediante la ley 16 de 1972, acoge e implementa la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahora en adelante (Corte IDH), e incorpora al ordenamiento jurídico interno, siendo parte integra del bloque de constitucionalidad, el instrumento internacional consagrado en el respectivo pacto de San José; denominado Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de ahora (CADH), que establece lineamientos y parámetros determinados que deben cumplir los estados parte, para garantizar el irrestricto cumplimiento a la protección de los derechos humanos, civiles y políticos, consagrados en diferentes documentos y/o declaraciones internacionales conforme a hitos históricos definidos que propenden por el reconocimiento a la integridad del ser humano."